El Estado dejará de tener participación o presencia en el capital y el accionariado de más de veinte empresas y fundaciones relacionadas con el sector de la logística, como parte del Plan de reestructuración y racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal, aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes, 16 de marzo.
Con este plan, el Ejecutivo pretende poner en marcha un proceso de reorganización del sector público que tenga en cuenta los principios de eficiencia y estabilidad presupuestaria.
Para ello, se dismunuirá el número de Sociedades Mercantiles Estatales, se reducirán los gastos, se desinvertirá en compañías con participación minoritaria del Estado y se traspasará la titularidad de determinadas participaciones accionariales dentro del Sector Público Empresarial.
En este sentido, y por lo que respecta a la logística, la participación pública en Correos pasará de depender de la Dirección General de Patrimonio a hacerlo de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
Además, el Gobierno ha anunciado que desaparecerán hasta diez empresas que hasta ahora dependen del Ministerio de Fomento, como, por ejemplo, Remolques marítimos, S.A, Aena Desarrollo Internacional, S.A, Centros Logísticos Aeroportuarios, S.A. (CLASA), LTF (Logística y Transporte Ferroviario, S.A.), Irión Renfe Mercancías S.A., y Multi Renfe Mercancías S.A.
El Ejecutivo también ha planteado la desinversión en otras compañías como Portel Servicios Telemáticos, S.A. y European Bulk Handling Installation, S.A., con participación pública mayoritaria, así como en otro grupo en el que el Estado tiene presencia minoritaria, como son el caso de Terminal Intermodal Del Monzón, Construrail, S.A., SEMAT, S.A. (Sociedad de Estudios y Explotación de Material Auxiliar de Transportes, S.A.), Sociedad Ibérica de Transporte Intermodal Combiberia, S.A., TRANSFESA, Transportes Ferroviarios Especiales S.A. y Alfil Logistics.
Así mismo, en este plan también se contempla la futura extinción de la Fundación Transporte y Formación.
El Gobierno estima que con estas medidas se ahorrarán 288.899 euros al año en el ámbito del Ministerio de Fomento, gracias a la eliminación de 68 cargos de consejeros adscritos al sector público que se suprimirán en las diversas sociedades afectadas.
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