El Boletín Oficial del Estado del sábado, 13 de mayo, publicó oficialmente el nuevo Real Decreto-Ley que modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, que ya está en vigor y a la espera de que el Congreso de los Diputados lo convalide definitivamente.
La norma es básicamente la misma que la aprobada por el Gobierno a finales de febrero, pero incorpora una disposición final referida a su desarrollo reglamentario que recoge el compromiso del Gobierno para aprobar un Real Decreto que tendrá por objeto el mantenimiento del empleo de los actuales trabajadores de las SAGEP y la mejora de la organización y productividad en el sector de la estiba, mediante acuerdo de las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, así como para el establecimiento de un sistema de ayudas para los trabajadores de mayor edad, en el sentido de la propuesta de mediación tripartita entre las organizaciones sindicales, la asociación empresarial y el Gobierno del pasado 30 de marzo, que consta en el texto del Real Decreto-Ley publicado como anexo.
Así mismo, el pasado sábado, 13 de mayo, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Confederación Intersindical Galega y CGT presentaron ante de Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en respuesta a la publicación del Real Decreto-Ley, preaviso de huelga para los días 24, 26, 29 y 31 de mayo, así como los días 2, 5, 7 y 9 de junio, en las horas impares desde las ocho de la mañana y hasta las ocho de la mañana del día siguiente a la convocatoria.
En su presentación de preaviso de huelga, los sindicatos rechazan la mediación gubernamental, destacan el acuerdo alcanzado entre Anesco y los representantes sindicales para modificar el convenio estatal e introducir medidas de flexibilidad interna condicionadas al mantenimiento del empleo, califican la norma como "una opción política que profundiza en la precariedad y la desregulación laboral" y explican que "el Gobierno ha rechazado cualquier proceso de negociación y las empresas han optado por quedar a la expectativa del resultado de la modificación normativa".
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